El proceso judicial de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por la muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta, se encuentra en una fase de espera procesal. La atención se centra ahora en la decisión que deberá tomar el Tribunal de Apelación tailandés sobre el recurso interpuesto por la defensa del ciudadano español. Dicha resolución determinará si la sentencia inicial se mantiene firme o si, por el contrario, se abre la posibilidad de una revisión del caso.
La apelación de la defensa y los escenarios judiciales
El equipo legal de Daniel Sancho ha formalizado un recurso de apelación de 480 páginas. El documento argumenta que los hechos ocurrieron en un contexto de defensa propia y cuestiona la conclusión de premeditación que fundamentó la condena a cadena perpetua. El objetivo principal de la defensa es conseguir una repetición del juicio.
Dentro de este marco, los abogados de Sancho contemplan dos posibles desarrollos. El primero, que consideran más factible, es que el tribunal acepte revisar la condena. Si se lograra desestimar el componente de premeditación, la pena podría ser notablemente inferior, estimada por la defensa en una condena de alrededor de cuatro años de prisión. Un segundo escenario, aunque reconocido como menos probable por las propias partes, sería la anulación completa de la sentencia, lo que implicaría la puesta en libertad de Sancho. El letrado Marcos García-Montes ha sugerido que una decisión del tribunal podría llegar en los meses de otoño.
La respuesta de la acusación particular
En contraposición, los representantes legales de la familia Arrieta, encabezados por el abogado Juan Gonzalo Ospina, han presentado un escrito de impugnación para oponerse formalmente al recurso de la defensa. Durante una comparecencia en Madrid, la acusación particular sostuvo que la apelación se basa en valoraciones subjetivas y no aporta nuevas pruebas que sustenten la tesis de la defensa propia.
El equipo legal de la familia Arrieta también ha rechazado las descalificaciones hacia la víctima, que consideran un intento de justificar los actos de Sancho. Asimismo, han rebatido las alegaciones sobre supuestas irregularidades en la investigación inicial. Explicaron que Daniel Sancho declaró en un primer momento en calidad de testigo, ya que fue él quien denunció la desaparición de Arrieta, y que su confesión posterior se produjo con las garantías procesales correspondientes, según consta en la sentencia.
El debate sobre informaciones externas al proceso
Un aspecto central de la controversia actual gira en torno a un documental sobre el caso emitido por la plataforma HBO Max. La defensa de Sancho ha planteado la posibilidad de incorporar el testimonio de una persona que aparece en dicha producción y que no participó en el juicio inicial.
La abogada de la familia Arrieta, Beatriz Uriarte, ha calificado esta pretensión de «estuporosa», argumentando que los procesos judiciales no pueden reabrirse con base en testimonios obtenidos y editados con fines narrativos para una serie documental. Además, el abogado Juan Gonzalo Ospina ha señalado la contraposición entre los ingresos económicos que la familia Sancho habría obtenido por su participación en el documental y el hecho de que la indemnización por responsabilidad civil fijada en la sentencia para la familia Arrieta no ha sido satisfecha.
Situación actual de los implicados
Mientras aguarda la resolución judicial, Daniel Sancho permanece interno en la prisión de Surat Thani. Según informaciones de su entorno, ocupa su tiempo redactando unas memorias. Por su parte, su padre, el actor Rodolfo Sancho, ha reanudado sus apariciones públicas tras un periodo apartado del foco mediático.
Los abogados de la familia Arrieta han comunicado el profundo dolor que las noticias sobre la situación de Sancho en prisión causan a sus representados. Han solicitado respeto y han expresado su preocupación por la narrativa pública que se está construyendo alrededor del caso, que consideran perjudicial para la memoria de la víctima y el duelo de sus allegados. El futuro del caso depende ahora exclusivamente de la deliberación del sistema judicial tailandés.
