Una productora audiovisual ha sido sancionada con una multa de 6.001 euros como consecuencia de la filmación del videoclip Lifetimes de la cantante estadounidense Katy Perry, realizada en julio de 2024 en el islote de S’Espalmador, en Formentera. La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear determinó que la grabación se llevó a cabo sin la autorización administrativa preceptiva en un espacio integrado en el Parque Natural de Ses Salines.
La resolución del expediente administrativo, tramitado por la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, califica los hechos como una infracción grave. Según fuentes de la administración autonómica, la compañía responsable procedió al abono del importe de la sanción durante el mes de febrero de este año, una vez le fue comunicada la decisión.
Cronología de los hechos
Los acontecimientos se remontan a finales de julio de 2024, cuando el equipo de producción se desplazó a distintas localizaciones de Ibiza y Formentera para grabar el material audiovisual para la canción Lifetimes. Parte del rodaje tuvo lugar en el sistema dunar del islote de S’Espalmador, un área de alto valor ecológico cuyo acceso se encuentra restringido y debidamente señalizado.
Tras la publicación del videoclip, que mostraba a la artista en el interior de la zona protegida, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural inició diligencias previas para esclarecer las circunstancias de la filmación. El procedimiento incluyó la solicitud de informes a otras administraciones para confirmar la ausencia de permisos, así como la comunicación con la productora audiovisual para que presentara sus alegaciones. Desde el inicio del proceso se descartó la existencia de un delito contra el medio ambiente, encuadrando el suceso en el ámbito de la infracción administrativa.
El proceso administrativo y la sanción
La investigación concluyó que la filmación se realizó incumpliendo la normativa de protección de espacios naturales. Concretamente, se constató la falta de una autorización expresa para una actividad comercial en un espacio protegido y el acceso a una zona catalogada como de exclusión, donde el paso está prohibido para preservar la fragilidad del ecosistema.
Los técnicos del departamento de Medio Natural evaluaron el estado del entorno tras el rodaje y no constataron daños ambientales permanentes en el sistema dunar. Este factor fue determinante para fijar la cuantía de la sanción en 6.001 euros, el importe mínimo contemplado por la ley para las infracciones calificadas como graves. En caso de haberse detectado un impacto ambiental significativo, la multa podría haber alcanzado una cifra considerablemente superior.
En su momento, la discográfica de la artista, Capital Records, emitió un comunicado en el que indicaba que una productora local les había comunicado que disponían de las autorizaciones necesarias. Según su versión, posteriormente se les informó de que uno de los permisos se encontraba en trámite y que habían recibido una supuesta autorización verbal para proceder. El Govern balear negó de forma categórica que se hubiera concedido tal permiso verbal.
El valor ecológico del área afectada
El Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera es uno de los espacios naturales más emblemáticos del archipiélago balear, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Abarca un territorio de gran diversidad biológica, que incluye praderas de posidonia oceánica, sistemas dunares y humedales de importancia internacional para las aves migratorias.
El islote de S’Espalmador, donde tuvo lugar el rodaje, alberga uno de los sistemas de dunas mejor conservados del Mediterráneo. Estas formaciones son ecosistemas muy frágiles, fundamentales para la protección de la costa frente a la erosión y para el sustento de flora y fauna endémica. La normativa del parque establece restricciones estrictas de acceso a estas áreas para evitar su degradación, permitiendo el paso únicamente por los senderos habilitados.
Marco normativo y precedentes
La legislación balear, en consonancia con las directivas europeas de protección ambiental, estipula que cualquier actividad con fines comerciales o publicitarios dentro de los límites de un espacio natural protegido requiere de una autorización administrativa expresa. Este procedimiento permite a las autoridades evaluar el posible impacto de la actividad y establecer, si procede, un conjunto de condiciones para minimizar cualquier afección al medio.
Este caso se suma a otros procedimientos sancionadores iniciados por las administraciones públicas en relación con actividades no autorizadas en espacios protegidos de las Islas Baleares. Las autoridades insisten en la importancia de compatibilizar el uso público y la proyección internacional de sus paisajes con la obligación de garantizar su preservación a largo plazo. La repercusión del suceso ha vuelto a dirigir la atención sobre la responsabilidad de las productoras audiovisuales a la hora de planificar rodajes en entornos de alta sensibilidad ecológica.
